Un grupo de intérpretes de lengua de señas llevó sus demandas al Congreso del Estado de Puebla, donde solicitaron de manera formal que se dignifique su labor profesional y que se avance en medidas concretas para lograr una inclusión real de la comunidad sorda en los espacios públicos y en el diseño de políticas públicas.

Durante la sesión, las y los intérpretes pusieron sobre la mesa la necesidad de que su trabajo sea reconocido no solo como un servicio complementario, sino como una función esencial para garantizar la accesibilidad comunicacional de las personas sordas. Reclamaron que esto se traduzca en mejores condiciones laborales, una mayor profesionalización y una valoración equivalente a otras profesiones que permiten el acceso a derechos básicos.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de lucha por la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la lengua de señas como una herramienta necesaria en todos los ámbitos de la vida pública. En muchos países y regiones, incluido México, la Lengua de Señas Mexicana (LSM) ya está reconocida como lengua oficial o como parte de la legislación que protege los derechos de las personas con discapacidad auditiva, pero la disponibilidad y calidad de intérpretes sigue siendo desigual y limitada en múltiples ámbitos, desde servicios públicos hasta la educación y la justicia.

Entre las demandas expresadas ante las y los legisladores estuvo la inclusión de intérpretes en sesiones públicas, foros, comisiones y otros espacios institucionales, así como la creación de mecanismos para garantizar una profesión más digna y reglamentada, con condiciones laborales y formación adecuadas. Esto incluye reconocer la importancia de la Lengua de Señas Mexicana como medio de acceso a la información y la participación social para las personas sordas, así como visibilizar el rol de los intérpretes como mediadores lingüísticos y culturales, no meros “facilitadores” ocasionales.

La presencia de intérpretes en debates legislativos, conferencias, programas públicos o en la atención ciudadana es un paso clave para asegurar que las personas sordas no queden excluidas de procesos donde su voz y su participación deberían ser normativas y no excepcionales. Además, dignificar esta labor ayuda a promover una mayor sensibilización social, reforzando la idea de que la accesibilidad comunicacional es un derecho, no un añadido optativo.

Desde INTELSA apoyamos y celebramos iniciativas como esta, que ponen en evidencia la importancia de reconocer profesionalmente a quienes hacen posible una comunicación accesible. Los intérpretes de lengua de señas cumplen un rol fundamental para que las barreras lingüísticas no se conviertan en barreras de participación, derechos y acceso a la información.