La accesibilidad comunicacional en los servicios públicos continúa avanzando con nuevas iniciativas que buscan eliminar barreras para las personas sordas. En este contexto, una ciudad puso en marcha un sistema con intérpretes de lengua de señas en comisarías, con el objetivo de garantizar una atención más inclusiva y efectiva para quienes necesiten realizar denuncias o trámites ante las fuerzas de seguridad.

La medida apunta a resolver uno de los principales obstáculos que enfrenta la comunidad sorda en situaciones de emergencia o en gestiones policiales: la falta de herramientas de comunicación adecuadas. Cuando no hay intérpretes disponibles, las personas sordas pueden encontrar dificultades para explicar lo ocurrido, comprender los procedimientos o acceder plenamente a sus derechos.

Con este nuevo sistema, las comisarías contarán con intérpretes especializados que podrán intervenir en las interacciones entre ciudadanos y personal policial, facilitando la comunicación y permitiendo que las denuncias y consultas se realicen de forma clara y sin intermediaciones improvisadas.

El objetivo de la iniciativa es garantizar que las personas sordas puedan acceder a la justicia y a los servicios de seguridad en igualdad de condiciones, evitando situaciones de incomprensión o exclusión que históricamente han afectado a la comunidad. Experiencias similares en distintas partes del mundo han demostrado que incorporar intérpretes o sistemas de videointerpretación en dependencias policiales mejora significativamente la comunicación con personas sordas y fortalece el acceso a los servicios públicos.

Además de facilitar la recepción de denuncias, este tipo de herramientas también contribuye a sensibilizar a los agentes sobre las necesidades comunicacionales de la comunidad sorda, promoviendo una atención más respetuosa y preparada para abordar diferentes realidades lingüísticas.

La implementación de intérpretes en comisarías se inscribe dentro de un enfoque más amplio de accesibilidad institucional, donde la comunicación accesible se reconoce como un derecho fundamental y no como un recurso opcional.

Desde INTELSA celebramos este tipo de medidas que promueven servicios públicos más accesibles y que reconocen la importancia de la lengua de señas para garantizar el acceso a la información, la seguridad y la justicia de las personas sordas.