Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Signos, una fecha impulsada por la Federación Mundial de Sordos y las Naciones Unidas que este año se enmarca en la Semana Internacional de las Personas Sordas, bajo el lema «Reivindicando los derechos humanos de las personas sordas». La efeméride coincide además con el 20° aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), un marco central para pensar la situación de la comunidad sorda en el mundo.

El cortometraje «The Silent Child», ganador del Óscar en 2018, volvió a instalar el debate sobre la falta de apoyo especializado que reciben muchos niños sordos en la educación común. La historia, protagonizada por la actriz sorda Maisie Sly, retrata a una nena que crece rodeada de una familia oyente que no utiliza lengua de señas, hasta que una trabajadora social decide enseñarle a comunicarse. El final de la película, lejos de ser un cuento de hadas, muestra que ni siquiera el acceso a una lengua propia garantiza por sí solo una escolarización con los apoyos necesarios.

Esa ficción funciona como disparador para una discusión de fondo: reconocer que las lenguas de signos nacionales son lenguas plenas no alcanza si ese reconocimiento no se traduce en derechos concretos. Así lo plantea el informe «From recognition to officialisation: A European evolution of sign language rights», publicado en 2025, que advierte que la falta de oficialización de estas lenguas —incluso en marcos donde ya son reconocidas— impide en la práctica el acceso pleno a la comunicación con el Estado, la educación, la información y la participación democrática.

El documento se apoya en los artículos 21, 24, 30 y 31 de la CDPD, referidos a la libertad de expresión y el acceso a la información, la educación, la participación en la vida cultural y el acceso a los datos. Sin una lengua oficial y sin políticas que la sostengan, sostiene el informe, esos derechos quedan reducidos a una declaración de principios.

Otro punto central es la identidad cultural: el informe remarca que las personas sordas no deben ser reducidas únicamente a su condición de discapacidad auditiva, sino reconocidas también como una minoría lingüística y cultural. Desde esa mirada, promover la lengua de señas implica mucho más que garantizar accesibilidad: supone reconocer la cultura sorda como parte de la diversidad social, impulsar su enseñanza como asignatura y protegerla como patrimonio.

En materia de inclusión social, el trabajo compara 31 países y concluye que los Estados con mayores avances son aquellos donde el reconocimiento de la lengua de señas está integrado a políticas de educación, medios de comunicación, no discriminación y gobernanza, y no queda como una medida aislada. Esa integración, advierte, es la que permite el acceso a intérpretes profesionales, a la información en situaciones de emergencia y a la participación en la toma de decisiones.

Desde Intelsa acompañamos este reclamo: reconocer la lengua de señas no es suficiente si no va acompañado de políticas concretas que garanticen a la comunidad sorda el acceso a la educación, la información y la plena participación social.